Por Norberto Pontiroli

Mañana, domingo 28 de febrero, habrá elecciones en El Salvador. Casi 6 millones de salvadoreños están habilitados para ir a las urnas, en lo que será la primera elección nacional desde que Bukele asumió como Presidente en junio de 2019. También es la primera vez que las elecciones se dan en un contexto de pandemia, lo que obligó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a tomar medidas sanitarias para cada uno de los 1.595 centros de votación habilitados, que reúnen a un total de 8.451 Juntas Receptoras de Votos (Mesas).

El Salvador utiliza boleta única para cada categoría: 262 Consejos Municipales, 84 Diputaciones a la Asamblea Legislativa (en sus 14 Departamentos) y 20 candidatos titulares y suplentes al Parlamento Centroamericano. Hay 9 partidos políticos habilitados para participar. Muchos de ellos conformaron alianzas en diversas jurisdicciones. En el caso del Departamento de San Salvador, sede del Gobierno, compiten en una boleta única 9 partidos con 24 candidatos cada uno, más un candidato no partidario. El elector puede optar por un partido en su totalidad, marcando con una cruz el nombre del partido, o elegir a candidatos de diferentes listas hasta alcanzar el número de bancas a cubrir para ese distrito.

Si bien el voto no es obligatorio, se espera una alta participación. Se prevé tomar la temperatura a cada votante, como también desinfectar sus documentos y mantener distancias entre las autoridades de mesa entre sí y con los votantes.

El Salvador llega a este proceso en medio de una gran polarización, tendencia que se viene verificando también en resultados de elecciones celebradas en muchos países latinoamericanos desde hace varios años. En el caso salvadoreño, la polarización es alimentada por igual, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Ambos sectores hacen un uso inteligente y planificado de las redes sociales para magnificar y difundir, sin intermediarios, sus divergencias y las acusaciones cruzadas (muchas ellas de gravedad institucional). El Presidente Bukele suele dar instrucciones a sus Ministros y funcionarios de gobierno mediante su cuenta de Twitter y éstos le responden por la misma vía. Asimismo, el mandatario realiza anuncios sobre actos de gobierno de modo directo, recibiendo cantidades de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Como contrapartida, algunos opositores participan plasmando sus críticas y fundamentándolas, lo que constituye un ejercicio interesante de discusión política vía redes sociales.

Recientemente el TSE acusó al Presidente Bukele de haber violado el artículo 178 del Código Electoral, que establece que “durante los 30 días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los Concejos Municipales y demás entidades autónomas, podrán publicar en ningún medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que hayan realizado”. Concretamente, el Presidente, en infracción a lo prescrito, encabezó el acto inaugural de una autopista que reduce el tiempo de viaje de más de una hora a pocos minutos entre San Salvador y las playas de la zona del Puerto de la Libertad, destino muy popular y de preferencia para los salvadoreños. También anunció la distribución gratuita de computadoras y tabletas, con acceso a internet, a todos los niños en edad escolar para que puedan continuar con las clases no presenciales en pandemia.

Estas dos infracciones, objetos de exaltación por parte de la oposición en estos tiempos electorales, pasan a un segundo plano cuando se le recuerda al electorado la irrupción al Parlamento que tuvo lugar el 9 de febrero de 2020, oportunidad en la que el Presidente se presentó ante la Asamblea Nacional junto al Ejército y la Policía Nacional para lograr la aprobación de una serie de créditos. Se recuerda de ese episodio al Bukele sentado en la silla del Presidente de la Asamblea, orándole a Dios para que guiara por buen camino los destinos de los salvadoreños y el recinto parlamentario siendo custodiado por militares con armas de guerra. Este acto, poco entendible desde la óptica republicana, fue objeto de denuncia y preocupación por parte de la oposición y de la comunidad internacional. Sobre este punto, y al cumplirse un año de este evento, un diputado opositor presentó ante la Asamblea una iniciativa para que se sometiera al actual mandatario a un examen de aptitud para la función. Así, lo que para la oposición significó un intento de golpe de Estado en febrero del año pasado, la actual iniciativa legislativa se percibe en el mismo sentido por parte del oficialismo.

Mientras el gobierno sigue denostando a la oposición (formada por ARENA y el FMLN, dos partidos antagónicos que se alternaron en el poder en los últimos años) con frecuentes referencias a su responsabilidad pasada en los actuales males estructurales que padece la sociedad salvadoreña, desde el oficialismo se hicieron trascender encuestas de opinión que anticipan un 97% de apoyo a sus legisladores. Y, por su parte, desde la oposición se reacciona advirtiendo al electorado sobre el riesgo que corre el país sin los necesarios contrapesos republicanos, vía representación parlamentaria.

Con pocas excepciones, los partidos más importantes utilizan mensajes de campaña de tono agresivo e insultante. Los contrapuntos se dan principalmente entre el partido del Presidente Bukele (Nuevas Ideas) y sus aliados, y los partidos tradicionales: ARENA y FMLN. Los partidos “nuevos”, con una oferta de candidatos jóvenes y profesionales que rondan entre 25 y 40 años, para todos los cargos en competencia, aparecen como opciones atractivas para los desencantados de la política. Al ser partidos recientemente creados, no tienen historia ni de éxitos ni de fracasos, que es el pilar sobre el que Nuevas Ideas basa sus críticas a los viejos partidos. Así, los partidos nuevos, al no tener flancos objetos de reproches, parecieran ser más competencia para el oficialismo que para la oposición.

A este panorama hay que sumar un dato preocupante: el TSE hizo algunos simulacros de escrutinio en días pasados con resultados desalentadores, lo que sumó nuevas denuncias cruzadas sobre posibles amaños en la elección.

En este contexto de malestar político, donde se desdibujan roles institucionales, buscando justificación en la pandemia, cobra especial relevancia el rol de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Reconocidas ONG, universidades y fundaciones, se unificaron para movilizar un proyecto que propone a los candidatos suscribir un compromiso que garantice el cumplimiento de la Constitución Nacional y cuyos puntos destacados son el respeto al Estado de Derecho, tolerancia cero a la corrupción y reformar la ley de Partidos Políticos. En esta iniciativa, que promueve valores elementales y principios propios de la vida en democracia, subyace un sentimiento de desconfianza hacia la corporación política, sin importar el color.

La Embajadas acreditadas, que son actores informados de la cotidianidad política, han expresado preocupación. Muchas contribuyeron a financiar la presencia de misiones observadoras electorales, donde sobresale la organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por la ex-Gobernadora María Eugenia Vidal e integrada por 21 personas, de las cuales 11 son mujeres y 10 hombres, según informaron las autoridades.

El Salvador llega a su próxima elección en un clima de incertidumbre sobre lo que será la conducta de los principales actores políticos el domingo a la noche cuando comience la difusión de los primeros resultados. Habrá que ver la suerte que corren algunos partidos de reciente creación y cuántos votos detraen a los partidos dominantes. Pero por sobre todo, habrá que ver con qué actitud o nivel de aceptación, desde el Gobierno y la oposición, se reciben los primeros resultados oficiales. De ello dependerá transitar el futuro inmediato en un marco de normalidad institucional y paz, o que este país sea nuevamente objeto de preocupación para la región y la comunidad internacional.