Por Marisa Bircher

Durante años Argentina ha llevado adelante políticas erráticas que afectaron los pilares necesarios para crecer de manera sostenible. Una de estas políticas fue pensar al mundo como una amenaza y no como un desafío, lo que nos llevó a estar entre los países más cerrados del mundo. Nos ubicamos entre los 10 países con menor comercio internacional en relación al tamaño de su economía, menos del 30% del PBI (la mitad del promedio mundial y muy por debajo de nuestros socios de la Alianza del Pacífico); con exportaciones per cápita por debajo de países de igual desarrollo económico; una matriz exportadora poco diversificada; y un esquema regulatorio que encarece aún más el acceso a insumos y tecnología para la producción y la exportación.

El desarrollo de una política de integración al mundo a través de la firma de tratados no solo apunta a sentar las bases para potenciar nuestras exportaciones, atraer mayores inversiones y mejorar la competitividad de nuestra economía, sino también que apunta a la institucionalidad y previsibilidad que necesitan los exportadores argentinos más allá de los gobiernos.

El 28 de junio del 2019 Argentina formaba parte de un momento histórico en su política comercial: el cierre del Acuerdo Mercosur — Unión Europea. Ese momento fue un acontecimiento trascendental para el bloque. Representó el consenso de 4 países latinoamericanos con 28 países europeos (hasta esa fecha Reino Unido seguía formando parte de la UE) en materia de comercio de bienes, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, facilitación del comercio, propiedad intelectual, compras públicas, servicios, PyMES entre otras disciplinas propias de los acuerdos del siglo XXI.

Pero el consenso no refleja solo cuestiones económicas. Sino que se basó en valores y vínculos políticos que acercan a nuestras regiones, tanto entre los sectores públicos como privados. El más importante de ellos el valor de la cooperación internacional como mecanismo para el desarrollo mutuo, apoyado en reglas multilaterales para el comercio y una participación cada vez más activa de empresas y emprendedores en los flujos comerciales, una de las cuentas pendientes del Mercosur.

En este sentido, el acuerdo da impulso a las exportaciones argentinas hacia la UE, reduciendo aranceles y mejorando nuestras condiciones de acceso al que es el 2º mayor mercado mundial. Permite avanzar no solo hacia un mayor volumen exportado, sino también en su diversificación hacia productos de mayor valor agregado. El acuerdo incluye un importante componente de federalización exportadora ya que todas las provincias se verán beneficiadas y se espera que aumenten sus exportaciones. Esto es así ya que con el acuerdo más de 9 mil productos de exportación (entendidos como 1 producto 1 posición arancelaria), contarán con condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo.

El valor del acuerdo reside también en que contempla las realidades productivas de ambos bloques, ya que otorga plazos prudenciales (de hasta 15 años) para la adaptación industrial del Mercosur y nos impulsa a avanzar en reformas que mejoren la competitividad.

Por último, Argentina está frente al desafío de convertir esta crisis en una oportunidad si logra interpretar que un verdadero desarrollo exportador es posible con el compromiso de todos los actores del comercio exterior. Esto incluye al Gobierno Nacional, al sector privado, universidades y ONGs, así como también a los gobiernos provinciales y municipales. El diálogo entre estos actores debe ser el canal a través del cual alcanzar los consensos básicos sobre el rol que ocupa y ocupará la política exportadora. Esto involucra una discusión que aborde cuestiones de fondo y que tenga en consideración el nuevo entorno internacional. Consenso: ese siempre fue, es y será el camino para la Argentina.